La relación entre ética, bioética y deontología jurídica
radica en su función normativa dentro del ejercicio profesional del derecho. La
ética constituye el marco filosófico general que orienta la conducta humana
hacia el bien y la justicia, fundamentada en principios universales como la
dignidad, la equidad y la responsabilidad (Cortina & Martínez, 1996).
Dentro de este marco, la bioética se enfoca en los dilemas morales derivados de
la biomedicina y las ciencias de la vida, incluyendo cuestiones como el bioderecho,
la justicia ambiental y los derechos de los pacientes, estableciendo límites
éticos en la aplicación de la ciencia (Desclos, 2005).
Por su parte, la deontología jurídica es la concreción
normativa de la ética en la práctica profesional del derecho, estableciendo
deberes y obligaciones específicas para los abogados y otros operadores
jurídicos. Esta se encuentra codificada en cuerpos normativos como el Código
Deontológico de los Abogados de la Unión Europea o el Código de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho de Costa Rica, los
cuales regulan la responsabilidad profesional, la independencia y el secreto
profesional (Torre Díaz, 2000; Gómez Pérez, 1988).
En la intersección de estos tres ámbitos, el abogado no solo debe regirse por principios generales de justicia y moralidad, sino también por normas específicas de su profesión y por consideraciones bioéticas cuando su labor se relacione con derechos fundamentales en el ámbito de la salud, la vida y la dignidad humana. Así, un enfoque integral del derecho exige una visión ética que trascienda lo normativo para responder a los desafíos contemporáneos con un compromiso real con la justicia y la responsabilidad social.
Importancia de los códigos deontológicos en el Derecho.
Los códigos deontológicos en el Derecho son esenciales
porque establecen principios éticos y normativos que guían la conducta
profesional de los juristas, garantizando integridad, responsabilidad y respeto
a los derechos fundamentales. Su importancia radica en que no solo regulan el
ejercicio profesional, sino que fortalecen la confianza social en el sistema
jurídico al prevenir conflictos de intereses, el abuso de poder y la
corrupción. Además, al articular normas de conducta basadas en principios universales
como la justicia, la equidad y la imparcialidad, estos códigos contribuyen a la
seguridad jurídica y al correcto funcionamiento del Estado de derecho.
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